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viernes, 26 de mayo de 2017

EL 9-1-1 Y SU CARGA IMPOSITIVA

Por: César Rodríguez

El pasado miércoles, la cámara de Diputados aprobó un proyectos de ley que crea un nuevo impuesto a las telecomunicaciones, con el objetivo crear un impuesto fijo de dos centavos de dólar (aproximadamente RD$ 1.00) por cada minuto de tráfico de voz internacional que registren las prestadoras de servicios de telecomunicaciones, con el propósito de financiar el Sistema Nacional de Emergencias y Seguridad 9-1-1.

De inmediato, voces de diversos sectores sociales se levantaron en contra de la pieza legislativa, argumentando que con la crisis económica actual, el pueblo no soportaría una carga impositiva más.

De inmediato, funcionarios del estado, defendieron la iniciativa, bajo el argumento de que tal imposición tributaria no sería al consumidor final; sino, a las prestadoras del servicio.

Solo por un momento, me permito invitarlos a analizar la tradicional dinámica generada en estos casos: ¿Qué ha sucedido siempre, luego de que un impuesto es colocado a un servicio en República Dominicana?

Sencillo, no hay que ser un experimentado economista para recordar, que cada vez que una carga impositiva es aplicada a estos sectores, inmediatamente las prestadoras de servicios modifican sus tarifas, recalculando y distribuyendo en ellas el cargo impositivo, para que sea el consumidor final quien asuma el compromiso fiscal.

Tradicionalmente, a esta dinámica se suma el descontento temporero de la medida, pues luego, bien se las ingenia el estado y su gobierno de turno para apasiguar el descontento, bajo el prosedimiento conocido por todos como: "Tema tumba tema". Es aquí, donde los medio tradicionales y algunos de sus actores entran en escena.

¿Qué es lo correcto?
A nuestro humilde modo de ver varias acciones desde el estado y sus diversos poderes, se haría necesario ejecutar las siguientes acciones:

1. Eliminación de un sinnúmero de consejos y comisiones existentes pero inoperantes, pues ya cumplieron su propósito.

2. Suprimir la duplicidad de funciones y la cantidad de estamentos paralelos dentro del estado.

3. Un mayor esfuerzo en las políticas contra la evasión de impuestos.

4. Reducir de manera drástica los gastos de representación, viáticos y otro incentivos a los funcionarios de alto y medio nivel.

5. Incrementar el impuesto a la suntuosidad y lujos.

Fielmente creemos, que la aplicación de estos y otros puntos, optimizaría el gasto público, dejando recursos suficientes para la sostenibilidad del 9-1-1.

Hacemos énfasis en la idea de que se trata meramente de una voluntad política real de dar calidad al gasto público, redireccionar los fondos a las verdadetas necesidades  colectivas, dejando a un lado los viejos vicios del clientelismo y la cultura parasitaria desde el estado.

El humilde consejo
Nunca será rentable al poder sostenerse en expremir a la población para luego tratar con placebos mediáticos sus reacciones; pues bien es sabido, que en la sociedad de la información esta legendaria acción del pasado siglo ya se hace cuesta arriba.

Gastemos con calidad en favor del pueblo.

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